El Gobierno rompe el contrato con la empresa privada, incapaz de encontrar agentes
A menos de una semana para la inauguración de los Juegos, el Gobierno brasileño ha decidido rescindir el contrato con la empresa de seguridad privada que había contratado para completar el dispositivo de control y vigilancia en las sedes olímpicas.
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El ministro de Justicia, Alexandre Moraes, ha anunciado que miembros de la Fuerza Nacional del gobierno federal, junto a policías activos y retirados de Río y otros estados, completarán el cuerpo de 3.000 agentes para controlar a los aficionados en las sedes olímpicas.
Hace apenas unas semanas que el Gobierno contrató a la relativamente poco conocida empresa de seguridad Artel para llevar a cabo esa tarea. La compañía se comprometió por contrato a desplegar 3.400 guardias privados pero, hace unos días, comunicó a las autoridades gubernamentales que tan sólo había sido capaz de reclutar a 500 efectivos para el evento.
EL LABORATORIO ANTIDOPAJE, BLINDADO CONTRA EL ROBO DE MUESTRAS
El laboratorio responsable de los análisis antidopaje en los Juegos, un edificio de cinco plantas en el campus de la Universidad Federal de Río de Janeiro, estará blindado día y noche por 50 miembros de seguridad, entre policía militar y guardias privados. Una infranqueable valla metálica que marca un perímetro de más de 100 metros desde el edificio y más de 200 cámaras de videovigilancia completan un dispositivo destinado a evitar el robo de muestras.
"El mayor desafío del laboratorio no es tecnológico ni técnico", afirmó su director Francisco Radler. "Queremos demostrar que aquí será imposible que suceda algo como lo que ocurrió en Rusia", señaló aludiendo al escándalo revelado por un informe que denunció que Rusia sustituyó muestras en los Juegos de Invierno de Sochi 2014 con la ayuda de los servicios de inteligencia.
El laboratorio, integrado por 200 científicos y técnicos locales e internacionales, buscará más de 500 sustancias prohibidas en las muestras de 6.000 atletas durante los Juegos.
"La compañía será multada por su incompetencia e irresponsabilidad, pero los Juegos no van a sufrir daño alguno", dijo Moraes. El funcionario añadió que la principal preocupación vinculada a la seguridad son los delitos contra los visitantes.
Sin embargo, el miedo por potenciales ataques terroristas creció después de que las autoridades brasileñas arrestaran la semana pasada a varias personas vinculadas a redes yihadistas.
El cambio sobrevenido en el dispositivo privado de las sedes no tendrá ningún impacto sobre los 85.000 soldados, policías y otros funcionarios de las fuerzas de seguridad que ya estarán patrullando las calles de Río desde hace semanas.
El número representa el doble de agentes dispuestos en los anteriores Juegos de Londres 2012.
En Brasil se registran más homicidios que en cualquier otro país, según un informe anual de Naciones Unidas, y Río de Janeiro ha sufrido un notable incremento de la delincuencia en medio de una recesión económica, un aumento del desempleo y del déficit en los presupuestos de seguridad pública.
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